#Aborto - Denuncian que en Uruguay se viola el secreto profesional para criminalizar mujeres
Por Georgina Mayo
En el marco del estudio sobre la criminalización del aborto y otros eventos obstétricos en América Latina y el Caribe, las coordinadoras de la iniciativa Ximena Casas y Claudia Gómez López llevaron adelante una actividad abierta junto a la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Las investigadoras tratan de unificar criterios para concluir cómo las mujeres enfrentan la interrupción voluntaria del embarazo en seis países de América Latina. MYSU es la organización responsable de la investigación nacional en articulación con las que se llevan adelante en Perú, Chile, Brasil, Guatemala y República Dominicana.
La directora de MYSU, Lilián Abrasinskas, dijo a Radio Fénix y 25siete que “con este estudio MYSU volcará su experiencia acumulada y sus estudios sobre la ley. Hemos estudiando mucho acerca de dónde están los servicios y cuáles son los obstáculos”. La activista recordó que antes de que se aprobara la Ley de Interrupción del Embarazo se decía que existía el delito pero que no se aplicaba y no había mujeres encarceladas”.
Se analizó desde 2012 a 2022 quiénes fueron procesadas e imputadas por el delito de aborto y se puede concluir que “ha habido y sigue habiendo criminalización". La directora de MYSU dijo que “la ley mantiene el delito de aborto pero se creyó que con su aprobación ya estaba todo resuelto si es que la mujer asiste al centro salud antes de las 12 semanas de gestación”. Abracinskas subrayó que “la ley igual restringe a mujeres migrantes que deben esperar un año de residencia para acceder a este derecho y las consecuencias sobre el acceso a los servicios lo viven quienes están en situación de vulnerabilidad”.
La activista indicó que “uno de los puntos que se relevan en la investigación es que hay un sesgo judicial porque la que no cumplió el plazo que la ley establece es, particularmente, delincuente: ni siquiera se considera cómo el Estado respondió y cuándo se terminó detectando el embarazo. O se mueren o van presas”.
"Si no es claro cómo las atenderá el servicio de salud -continuó Abrasinskas-, si los profesionales en lugar de guardar confidencialidad interpelan y juzgan, además de denunciar a las mujeres, muchas de ellas tendrán consecuencias en sus vidas. Estamos estudiando cuál es el perfil de las criminalizadas porque además existe injusticia dentro del colectivo de mujeres”.
Consultada por Radio Fénix y 25siete sobre la objeción de conciencia de parte de los ginecólogos, Abrasinskas respondió que este punto “está identificado como un verdadero problema: es increíble que en este país haya tres hospitales públicos con 100 % de objetores de conciencia. Las autoridades dicen que no es un problema porque se deriva a las pacientes a otros centros asistenciales, pero nadie mide el costo que representa para una mujer trasladarse de su entorno donde se encuentra el contacto con su familia a tener que trasladarse a otro sitio para no saber muy bien con quién se va a atender”.
Uno de los hospitales en los que no se practican abortos está ubicado en Mercedes, otro en Castillo, Rocha, y el tercero en Colonia del Sacramento.
Abracinskas dijo que cuando se rechaza en esos lugares continuar con el procedimiento, “no se hace un real seguimiento y a la persona se la puede perder en el camino, cuando hoy el aborto es a través de medicamentos y debería ser muy accesible, universal”. La directora de MYSU, añadió que “si bien Uruguay -comparado con República Dominicana donde hay prohibición de abortar hasta cuando hay peligro de vida para la mujer- no se puede afirmar que, en Uruguay, toda mujer que transita un embarazo no deseado tendrá garantías y seguridad para finalizar su situación cuando el Estado uruguayo está obligado a hacerlo”.
Otro punto -dijo- es el personal de salud que no es no es policía ni juez, por tanto debe prestar confidencialidad y su función no es denunciar. “Sin embargo, algunos casos que estamos analizando no sólo el personal de salud denunció y no dio garantías sino que, además, hemos constatado que hay personal de salud que interviene como testigo de la fiscalía”.
La preservación del secreto profesional es imprescindible, añadió la investigadora Ximena Casas, para la prestación de los servicios. Abracinkas dijo que el objetivo de la investigación es generar una metodología común en un asunto de salud que “sigue teniendo al aborto inscrito en el sistema penal”. Las consecuencias de la criminalización y patrones de vulnerabilidad se repiten aunque sean países diferentes con regulaciones distintas.
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