Daniel Radio: hay margen para consolidar las políticas de Estado sobre drogas legales e ilegales

Hincha del Liverpool (de Belvedere) aunque creció en la icónica cooperativa de FUCVAM Mesa 1. En dictadura militó en la FEUU clandestina. Venezuela y Armenia son sus obsesiones en política internacional. Dirigente del Partido Independiente de la coalición oficialista, estuvo al frente del Sistema Nacional de Cuidados cuatro meses. No habla del tema, pero se presume que el estilo Pablo Bartol le puso fecha de vencimiento a su cargo. El Presidente Lacalle Pou lo quiso en Torre Ejecutiva y le ofreció la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas. De eso sí aceptó hablar con 25siete el Dr. Daniel Radio Presta.

- Las políticas públicas hacia las drogas tuvieron un alto perfil en los gobiernos del Frente Amplio, ¿cuáles serán los énfasis durante su gestión en la Junta Nacional de Drogas?

- Entiendo que es necesario pensar en consolidar una política de Estado. Una política que trascienda los gobiernos. Y que además procure los mayores consensos entre todos los actores.

Sin lugar a dudas, uno de los énfasis debe ser el tema sanitario: particularmente la prevención, pero también la atención, el tratamiento y la rehabilitacion para aquellas personas que requieran modificar su patrón de consumo. Intentando mejorar la cobertura y asegurar la accesibilidad de las personas a los servicios, programas y prestaciones, fundamentalmente a aquellos modelos de abordaje familiar y comunitario, fundados en evidencia científica, procurando la reinserción educativa o laboral, con políticas dirigidas a poblaciones específicas y generando articulaciones con los organismos públicos que atiendan la vulnerabilidad social.

Esto pasa por el fortalecimiento de la RENADRO (Red Nacional de Drogas), trabajando junto con el SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud) y también con todo el sistema de protección social

Una parte importante, imprescindible, de esta política, es desarrollar estrategias de comunicación: hacer que la población conozca las respuestas que se ofrecen desde el SNIS y desde la RENADRO.

Paralelamente hay que dar continuidad a las políticas de regulación y control del cannabis. Y específicamente, profundizar y ampliar todo lo relativo al cannabis medicinal y al cáñamo.

- La línea divisoria entre la coalición de gobierno y la oposición parece bastante acentuada en muchos temas importantes, pero entomces usted ve margen para desarrollar políticas de Estado en materia de drogas legales e ilegales.

No me cabe duda. En la temática de drogas hay margen para desarrollar una política de Estado. Particularmente si se atienden los aspectos esenciales vinculados con la atención de la salud pública y basándose en evidencia científica.

- ¿La reglamentación de la venta y el consumo de cocaína y sus derivados es una opción?

- Independientemente de que tengamos una mirada crítica respecto del paradigma prohibicionista y asumiendo que las prohibiciones no han resuelto ninguno de los asuntos que se suponía pretendían solucionar sino, más bien, han agregado nuevos y más ingentes problemas, debe quedar claro que, en el corto y mediano plazo, no tenemos previsto ningún tipo de modificación normativa en ese sentido.

Sea cual sea la posición de fondo, cualquier posibilidad de plantear la eventualidad de reglamentar la comercialización de cocaína u otras drogas, requiere, por razones geopolíticas y del modo de producción, de acuerdos internacionales que han de estar precedidos de un debate amplio y profundo que tenga en cuenta las múltiples aristas involucradas.

En todo caso, debemos tener presente que la experiencia de regulación del mercado de cannabis, no solamente en nuestro país, es relativamente reciente. Y su posible consolidación como un modelo que, aún con sus imperfecciones y sus insuficiencias, logre dar una respuesta que atenúe, al menos, algunos de los más graves problemas, que los usos problemáticos de sustancias y el tráfico ilícito han generado, constituirá un importante antecedente a la hora de continuar debatiendo la posibilidad de un cambio de paradigma.

- Usted hace política en un departamento vitivinícola, pero también es médico, ¿cómo valora las iniciativas para terminar con el alcohol cero para los conductores?

- Una de las principales ventajas que representa la determinación de alcohol cero para los conductores, es la precisión. Disipa el riesgo de equivocarse. Cualquier otro valor, implica una estimación de la cantidad a consumir, que de ninguna manera será precisa.

Asimismo nos exime de tener en cuenta la variación individual; nos exime de tener en cuenta cómo, a cada persona, el consumo le afecta de una manera diferente.

En lo que me es personal, desde un principio acompañé esta determinación.

Pero como en tantos otros tantos temas polémicos, lo que no podemos aceptar, es que una determinación cualquiera, por acertada que nos parezca, se transforme en una especie de verdad revelada que descalifica a cualquiera que se permita cuestionarla. Esa parece ser la tónica de todos aquellos que, a partir de la concreción de su norma anhelada, pretenden suprimir el debate, aduciendo que cualquier modificación habrá de ser un “retroceso”.

Pero, por otro lado quienes pretendan modificarlo, deberán fundamentarlo. Deberán basarse en la evidencia que les hace suponer que es posible relativizar las presuntas seguridades inamovibles y hacer expresos, los niveles de riesgo que supondría dejar de lado la medida, para que la sociedad, a través de quienes le representan, decida de manera informada.

- El parlamento tiene a estudio un proyecto de ley de "voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas", ¿cómo valora esta iniciativa?

- En primer lugar tengo que señalar que me parece muy positivo que el proyecto ponga encima de la mesa, una vez más estos problemas, porque jerarquiza la temática y porque nos obliga a tenerla presente. Y pese a que no tengo una mirada favorable a las determinaciones que pretende establecer, entiendo que están planteadas desde la mirada y desde el dolor de quienes reclaman soluciones y en vez de tener una actitud pasiva, se han ocupado de proponer alternativas que, en el acuerdo o en la discrepancia, estimulan el debate y le dan mayor sentido a su reclamo.

El proyecto propone una única medida terapéutica para “toda persona que padezca una adicción a cualquier tipo de drogas”.

En una estimación rápida, las personas con dependencia a distintas sustancias (alcohol, cocaína, pasta base, cannabis) son, en nuestro país, varias decenas de miles.

Y una cosa es tener preparados los dispositivos sanitarios adecuados para intervenir en un momento agudo de consumo, donde la persona corre serio riesgo de vida, y otra muy diferente es iniciar un tratamiento, que debe ser el resultado de una relación terapéutica entre quien tiene un consumo problemático y el equipo de salud responsable de su atención.

En nuestro país ya existen mecanismos legales para llevar adelante la internación contra la voluntad de las personas en los casos en que sea necesario.

Además, desde el punto de vista estrictamente terapéutico, la internación no es el único, y en muchos casos, no es la mejor indicación para el tratamiento de las personas con uso problemático de drogas.

La internación contra voluntad podría ser eventualmente beneficiosa para algunas situaciones agudas, pero no necesariamente funciona como una herramienta terapéutica de validez universal, dado que uno de los pilares del tratamiento es la motivación para cambiar.

Lo que la experiencia muestra, es que las internaciones determinadas por orden judicial, no tienen buenos resultados terapéuticos, entre otras cosas debido a la falta de motivación de las personas para llevar adelante un tratamiento. Difícilmente una persona internada contra su voluntad desarrolle el necesario proceso motivacional. Es más, la internación contra voluntad puede resultar iatrogénica y determinar un peor pronóstico.

Otra cosa no compartible es que la manifestación de voluntad anticipada sea irrevocable.

Es preciso tener presente que la normativa vigente reconoce derechos a los pacientes. Exige el consentimiento expreso acerca del contenido y las condiciones del tratamiento y determina que, salvo excepciones descritas taxativamente, el ingreso y el egreso deben ser voluntarios.

- Los críticos de la LUC dicen que los retrocesos en inclusión financiera favorecen el lavado de dinero del narcotráfico. ¿Cómo cree usted que incidirá?

- De ninguna manera doy por bueno el concepto de retroceso incluido en la formulación de la pregunta. Además de contener una valoración prejuiciosa, lleva implícito una concepción de supuesta acumulación lineal unidireccional, que podrá ser muy rentable en términos del discurso político, pero que está lejos de dar cuenta de las múltiples complejidades y de las marchas y contramarchas de los procesos sociales.

La modificación que se ha criticado tiene que ver con el aumento del tope de las transacciones en efectivo -que pasa de U$S 4.300 a U$S 100.000- monto por sobre el cual todas las transacciones continuarán haciéndose necesariamente por vía bancaria.

Ninguna de las obligaciones determinadas en la Ley de Lavado de Activos que recaen sobre los sujetos que participan en esas operaciones se ha modificado. Los controles, la debida diligencia y demás salvaguardas, se mantienen en su totalidad.

En todo caso, el Partido Independiente no acompañó estas determinaciones y la preocupación por la trazabilidad de los ingresos es respetable y atendible. Y nos obliga a estar alertas.

Publicación original: 05/08/2020