#Desaparecidos - Desacuerdo entre Defensa y UTE impide excavar 8 mil metros cuadrados

Por Georgina Mayo

Este domingo Alba González, madre de Rafael Lezama, secuestrado en Buenos Aires en 1976, relató en conferencia de prensa la burocracia que impide excavar parte del terreno del Servicio de Materiales y Armamentos ubicado en el Batallón 13 de Infantería.

La burocracia se ubica entre el Ministerio de Defensa Nacional y la UTE que no logran ponerse de acuerdo para que continúe la búsqueda en un predio de 8 mil metros cuadrados que está alcanzado por un cable de alto voltaje y que comienza su extensión en una subestación de UTE  que precisamente está dentro del predio militar.

Desde hace dos años se discute qué se hace con el cable porque el ente indica que si está dentro de una construcción -como el Servicio de Materiales y Armamentos-, entonces la UTE nada puede hacer porque el ente puede trabajar en la acera, en el lado exterior de fincas y edificios. ¿Pero si la subestación de la propia UTE está dentro del predio? Ante este panorama el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, se reunió a comienzos de mayo con el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat. El secretario de Estado dijo que facilitaría sus buenos oficios “y en eso se está, esperando se destranque un tema que se espera avance desde hace 2 años”, dijo Tyler a Radio Fénix y 25siete.

La burocracia llegó a tal punto, que la presidencia de UTE trasmitió al Ministerio de Defensa y a la Institución Nacional de Derechos Humanos que “esperaba la autorización de la Institución para comenzar trabajos en el predio militar”. El punto está en que la autorización se entendía que no tenía que existir porque la propia Institución Nacional de Derechos Humanos está solicitando desde hace 2 años que se excave en la zona cercana a la subestación de UTE.

Si bien no se puede conocer con exactitud si existen restos de detenidos desaparecidos, en ese sitio existen datos corroborados por parte de los equipos de investigación de que podrían hallarse restos de personas enterradas en forma clandestina durante la dictadura.

El bypass que se necesita la UTE haga para poder excavar la zona implica una inversión de 15 mil dólares. Tyler añadió que “hay un convenio entre la UTE y el Ministerio de Defensa Nacional que podría permitir hacer este trabajo con este cable que se encuentra a unos 80 centímetros de profundidad. Lo único que entendemos -agregó Tyler- es que todas las instituciones del Estado deben colaborar con la búsqueda de personas detenidas desaparecidas”.

Uno de los puntos más destacados de la burocracia denunciada fue la última respuesta por parte de UTE. Luego de dos rechazos en dos momentos distintos por parte del ente para llevar adelante la colocación de un nuevo cable en ese predio,  en  su última respuesta si bien también rechazó hacerlo, agregó al final de su comunicación escrita que “no obstante lo anterior se pone a la orden de asistir técnicamente al Ministerio de Defensa en todo lo que requiera”.

La pregunta es si la secretaría de Estado requirió finalmente los servicios de UTE para subsanar el asunto. Hasta ahora el tema no ha avanzado y se infiere que aún no hubo requerimientos por parte de las autoridades de ese ministerio.

Cuando comience la excavación en ese lugar ubicado en el Servicio de Materiales y Armamentos -donde funcionó el centro clandestino de reclusión 300 Carlos-, se presume los trabajos de búsqueda insuman 1 mes y medio.

Publicada: 21/05/2024