#Opinión - Crímenes de guerra envueltos en toga
Por Pablo Donnángelo
El pasado 9 de junio tres combatientes extranjeros -dos ciudadanos británicos y uno marroquí- alistados al bando ucraniano, que habían sido capturados por las tropas rusas, fueron condenados a muerte tras un juicio exprés ante una Corte de la autoproclamada Donestk People's Republic ubicada en la región oriental de Ucrania, que Rusia mantiene ocupada desde 2014.
De acuerdo al art. 12 del III Convenio de Ginebra sobre el Tratamiento de los Presos de Guerra de 1949, los prisioneros de guerra no pueden ser transferidos por la Potencia detenedora más que a otra Potencia que sea Parte en el Convenio y cuando la Potencia detenedora se haya cerciorado de que la otra Potencia desea y puede aplicar el Convenio.
Donestk People´s Republic no es parte de la Convención de Ginebra y solo es reconocido como un Estado independiente por parte de Rusia, a contrario de lo que sucede con los restantes 192 países miembros de ONU.
Desde el punto de vista del derecho internacional, Donestk People´s Republic es solo una región separatista de Ucrania que está en oposición al gobierno de Kiev desde 2014 y, consecuentemente, no es elegible como parte del III Convenio de Ginebra por no ser un Estado bajo la ley internacional.
Estos tres soldados fueron condenados a muerte por haberselos considerado responsables de intento de derrocamiento del gobierno separatista de Donestk, calificándolos de “terroristas” o “mercenarios”, a fin de excluirlos del estatuto de Prisioneros de Guerra. Ahora bien, si fuera cierto que cometieron crímenes de guerra, debieron en todo caso ser juzgados por Rusia y no por un gobierno no reconocido conforme la ley internacional. Ello, sin mencionar que el juicio al que han sido sometidos estos tres jóvenes no ha cumplido ni por asomo con los estándares requeridos por la III Convención de Ginebra en materia de independencia e imparcialidad del órgano juzgador, ni -por añadidura- de debido proceso legal, en el cual los tres soldados se han declarado culpables en un pseudo proceso judicial que duró menos de 24 horas.
Este juzgamiento constituye un grave incumplimiento de la ley internacional y en si mismo representa un nuevo crimen de guerra cometido por el gobierno de Putin.
Resulta a su vez preocupante, que este nuevo crimen de guerra sea -nada menos- que la reacción rusa ante la condena a cadena perpetua que recayera sobre el soldado ruso Vadim Shishimarin en el marco de lo que Kiev anunció como el primero de miles de juicios por crimenes de guerra que llevará adelante Ucrania contra soldados rusos, aunque demostrando muy poco interés en el juzgamiento de crimenes de guerra cometido por sus propios soldados exhibiendo, tal vez, aquella misma incapacidad que exhibiera Berlin tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta los conocidos Juicios de Auschwitz de la década de 1960 seguido contra 22 acusados por su papel en el campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau.
Mientras que la comunidad internacional parece obsesionada en recabar evidencias, asistimos impávidos a una peligrosa tipología de hostilidad que se desplaza a los Tribunales y se oculta bajo una falsa pátina de justicia.
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